Denunció que desde el año 2016 hay un convenio para un curso de formación para los trabajadores de la salud privada por lo que reciben una contribución material pero que en el sector de las Emergencias móviles, éstas aducen no tener recursos para pagar dichos cursos, que son para la mejora de la atención y las capacidades de los trabajadores.
Bermúdez sostiene que ese argumento es falaz en tanto se están instalando en Uruguay multinacionales de la salud como el Grupo Face de Dinamarca que compró UCM .
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El secretario general de la FUS expresó que no hay mejora en las condiciones de trabajo para los trabajadores y tampoco mejoras en la atención a los usuarios y denunció las largas esperas en las emergencias de hasta cuatro horas, o 24 para ser subido a piso o las demoras en los estudios.
Bermúdez dijo que desde el gobierno le han dicho que si no se firma el acuerdo propuesto podría haber descuelgue de algunas instituciones y en ese sentido los trabajadores proponen que se haga una auditoria pública por parte de la JUNASA, que las empresas muestren los números contables, ya que del 10% que invierte Uruguay en salud, el 7% se lo lleva la salud privada.
Expresó que si las mutualistas y las empresas de emergencias móviles abren los números, podrían salir a poner plata para las ollas populares, ya que el gobierno pone plata a través del Fondo Nacional de Salud pero luego las empresas cuando tienen que pagar insumos dicen no tener dinero, y entonces se preguntó si no habría que discutir estatizar todo el sistema nacional de salud.
En otro orden, criticó el decreto que flexibilizó las medidas de las políticas anti tabaco.
El 13 de octubre en Canelones los trabajadores se reunirán en Asamblea Nacional y ahí podrían definir medidas.
