El impacto de la difusión de estos videos fue sido clave, según destacó el dirigente. "Gracias a la publicación esta, gracias, decirle de una manera, se han puesto en contacto con la organización sindical, trabajadores de todo el país, preguntando cómo se pueden asesorar, cómo pueden ingresar", explicó, valorando la labor de los medios de comunicación y redes sociales en la viralización del caso.
Trabajadores rurales sin fiscalización
En cuanto a las posibles soluciones, enfatizó la necesidad de fortalecer la fiscalización laboral. "La Inspección General de Trabajo tiene que jugar un papel fundamental en todo esto", indicó, y agregó que desde la organización sindical plantearon reiteradamente la necesidad de contar con un equipo especializado y desplegado en territorio para realizar inspecciones sin necesidad de esperar denuncias formales. "Ocho o nueve inspectores que sean del territorio, que sean de Salto, Paysandú, San José, Tacuarembó, Rivera, donde sea, pero para que inspeccionen realmente", sostuvo.
Por otro lado, denunció la situación de trabajadores que son contratados en condiciones precarias, a través de convenios con instituciones que recuperan a personas en situación de adicciones. "Llevan a trabajar a las chacras a las personas que están dentro de su institución, no le pagan un sueldo, el empresariado le paga un aporte solidario para la institución y esos trabajadores no tienen la seguridad social", denunció.
Consultado sobre la falta de control en algunos establecimientos, en los que incluso el Estado enfrenta dificultades para inspeccionar, señaló que la Inspección General de Trabajo tiene todas las herramientas necesarias para actuar sin necesidad de permiso del empleador. "La autoridad competente, la policía de trabajo, es la Inspección General de Trabajo y tiene todas las herramientas para entrar sin pedirle permiso al patrón", concluyó.
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