El alcalde de Las Piedras, Gustavo González, recordó la importancia de la vitivinicultura para su municipio y para todo el departamento, ya que allí se produce el 67 % de uva y de vino.
El productor/bodeguero Alfredo Molinari se refirió a un problema que es un “secreto a voces” (secreto porque la existencia de sobre stock le fue negada al presidente Luis Lacalle): por fuera de los registros de producción del INAVI hay 16 millones de litros más de vino, lo que, sumado al sobre stock que se viene arrastrando, más la cosecha de cara al verano del 2025, provoca que habrá vino disponible sin necesidad de moler uva por dos años, lo que implica el quiebre de pequeños productores y bodegas de corte familiar, además de la tendencia a la baja en la venta de vinos. Estos representarían el 20 % de la producción en parte a granel con un fuerte resentimiento de la rentabilidad.
Molinari también se refirió al proceso de concentración que sufre el sector, donde cinco bodegas venden el 80 % del vino que se comercializa en el mercado interno, mercado al que se dedica el 80 % de la producción.
Una medida urgente y rápida que Molinari alienta es apuntar a la exportación, lo que implica acondicionar la producción a las exigencias de los mercados extranjeros Y si bien se han definido políticas en ese sentido, parecen no ser suficientes.
El integrante del Centro de Viticultores del Uruguay (productores) Aramir Silva recordó que se planteó como una salida para una parte de la cadena y se debatió a nivel parlamentario la creación de una planta de mosto concentrado, proyecto producto de una investigación donde participaron 316 sociedades de fomento, cooperativas y otras empresas, pero la propuesta fue desechada por el INAVI.
La propuesta apuntaba a detener la “hemorragia” que se estaba produciendo que redujo de 1000 a menos de 500 productores y de 600 a 100 bodegas.
Silva cuestionó que el INAVI responda a intereses políticos, algunos vinculados a poderosos intereses dentro del sector, pero no responda a los vitivinicultores y viticultores, y que en el Plan Estratégico definido para el período 2020-2024 no estuvo presente el desarrollo de un plan agroindustrial.
El enólogo Francisco Zunino, que durante años fue, entre otras actividades, presidente del INAVI, se refirió a que Canelones cuenta con el 66 % de los viñedos y el 67 % de las hectáreas de producción, y es donde se encuentran las principales variedades.
El 70 % de los productores cuentan con menos de 5 ha, un 26 % entre 5 y 20 ha, un 2,9 % posee entre 20 y 50 ha y solo un 0,7 % tiene más de 50 ha.
Según datos del INAVI, entre el 2014 y el 2023 desaparecieron productores en la escala de 5 ha y de 5 a 20 ha, pero en los de mayor cantidad de hectáreas se aumentaron las superficies.
A julio del 2024 había en el país un stock de 105 millones de litros de vino, de los cuales, según los técnicos, se venderán 50 millones en los próximos doce meses. Al saldo de 55 millones se sumará la cosecha del año 2025, estimada en unos 68 millones de litros. Esto ha implicado una baja de la venta de vino a granel en un 33 % y una caída del precio de la uva en un 40 % con respecto al año anterior, uva que muchos productores aún no han podido cobrar.
A este panorama se suma en el último año el ingreso de 3,4 millones de litros de vino importado; un 44 % de los vinos VCP en botellas de 750 mm también lo son y un 70 % de los vinos espumosos son extranjeros. Algunos vinos importados son traídos por otros rubros subsidiados como el sector cervecero.
En el periodo 1 de julio del 2020 y 30 de junio del 2024, Uruguay exportó 19,8 millones de litros de una elaboración total de 266,5 millones, lo que representa un nivel de exportación del 7,4 %.
El panorama sombrío dibujado en este encuentro fue matizado por una serie de propuestas que se presentaron durante la actividad.
“Aparta de mí este cáliz”
El enólogo Ricardo Cabrera asumió como presidente del INAVI en el reparto de cargos que dentro de la coalición de gobierno les tocó a los colorados, y era hombre del espectro en Canelones del fallecido Adrián Peña. Uno de los compromisos de gestión era la reducción de personal del Instituto, que contaba en el 2020 con 70 funcionarios.
Una de las medidas tomadas por Cabrera fue apelar a los retiros incentivados para aquellos funcionarios con 25 años de servicio, lo que involucró a unos 17 funcionarios, entre ellos la esposa del presidente del INAVI, que constaba de un premio de seis sueldos sin descuentos de ningún tipo, más la indemnización por despido correspondiente, lo que equivalió a 1.700.000 dólares.
Ante la crisis del sector, el Centro de Viticultores del Uruguay planteó la suspensión de la medida por la carga presupuestaria que implicaba (ya en la inversión de la nueva sede del INAVI se habían gastado unos 3 millones de dólares), y había solicitado un préstamo para la cooperativa de 250 mil dólares. Pero además, el Centro de Viticultores aconsejaba no improvisar tomando medidas ante la cercanía de las elecciones y los cambios de autoridades que son de esperar y, por lo tanto, los nuevos lineamientos. Por ejemplo, desestimular la contratación por diez años de una asesora en economía.
Pero algo no cierra; en mayo del 2020, cuando asume Cabrera, el Instituto contaba con 70 funcionarios. A noviembre del 2024, tiene 67 funcionarios. El saldo neto de la reducción de personal se reduce a tres funcionarios. De todos modos, siguiendo con el plan de reducción de personal, Cabrera solicitó al Directorio cobrar su despido y el de tres funcionarios más por un monto de 440 mil dólares. Su despido fue aceptado al tiempo que se prohibió el ingreso de nuevo personal.
Sin embargo, según fuentes del sector, la plata que se le negó a algunas gremiales se invirtió en gastos que no encuentran justificación. Por ejemplo, unos 220 mil dólares para participar en una feria en Dubái, cuya población no consume alcohol; el gasto de 5 mil pesos de viáticos en cada reunión del Directorio o la renovación de la flota vehicular.
Subsidio concentrado
Otra de las medidas de gestión cuestionada tiene que ver con los subsidios por exportación que el INAVI paga y que, como todo donde prima la política, muchas decisiones favorecen a sectores que luego marcan su voto en función de las decisiones.
De las 40 empresas que reciben subsidio (algo más de 40 millones de pesos), solo cuatro reciben la mayor parte del mismo, siendo una de ellas Agroland S.A. de Alejandro Bulgheroni, herederos/as de Carlos Bulgheroni y familia, que posee Bridas Corporation, dueña de BC Energy Investments, que a su vez es propietaria de BC E&P Uruguay SA, con sede en Uruguay.
Directorio del INAVI. Estaba integrado por su expresidente, Ricardo Cabrera, y Óscar Perdomo como vicepresidente, dos representantes del Ministerio de Economía, dos del Ministerio de Industria, dos representantes del Centro de Viticultores del Uruguay, uno por la Asociación Nacional de Bodegueros, otro del Centro de Bodegueros del Uruguay, otro de la Organización Nacional de Vinicultores y los respectivos alternos.
