Entonces, consideramos que no se ha avanzado y que no avanzar en esta agenda es retroceder. Y creemos, además, que hay un rol específico que debe cumplir el Gobierno, las autoridades de gobierno, que son las que gobiernan para toda la población, y que es involucrarse directamente en estos temas. Estos temas no son para tercerizar en técnicos que den la cara de alguna manera, sino que son temas principales en donde la autoridad sanitaria tiene que involucrarse, porque hay que generar un relato social de que estas situaciones de gran injusticia tienen que revertirse y tenemos que ser todos parte de ese cambio.
Mencionaba el impacto del relato social en estos temas, que suelen ser utilizados por los sectores más conservadores y de derecha para oponerse a cuestiones como la interrupción voluntaria del embarazo y la violencia de género. Desde esa perspectiva política y en este contexto, ¿cómo ve el impulso de estos derechos en un escenario marcado por estos discursos?
Es todo un tema ese. Para un sector muy importante de nuestros conciudadanos, los temas relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, con la diversidad sexual y con la educación integral en sexualidad son temas difíciles de aceptar como parte del sentido común y tenemos, como autoridades nacionales, que ser contestes con esta situación. No se trata de enfrentar estas posiciones, sino que creo que se trata, ahora, desde el rol que tenemos, de tratar de generar insumos para que todos podamos pensar y razonar en estos temas.
Con respecto al tema del aborto, nosotros lo que siempre hemos defendido es que la despenalización y los logros con respecto a la interrupcion voluntaria del embarazo buscan algo que creemos que es consensual en la población uruguaya, que es buscar una práctica que sea infrecuente, que sea segura, es decir, que las mujeres no arriesguen su vida en los abortos; y que sea accesible, que las mujeres puedan acceder dentro del sistema en sus prestadores de atención a hacer un aborto cuando ellas lo resuelvan por los motivos que sean. Y esta ley se ha demostrado que ha sido una buena ley, porque ha disminuido el número de abortos. Estamos en una tasa muy baja, unos 15 abortos cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, que es así como se mide. Es muy seguro, ha habido solamente —ni más ni menos, por supuesto— tres muertes maternas, y las tres han sido en sectores más vulnerados en sus derechos, de los más de 100.000 abortos que se han realizado en este período.
Hay que trabajar mucho en eso, pero creemos que en términos generales es una ley que ha contribuido a mejorar el estado de salud de las mujeres, y cuando mejora el estado de salud de las mujeres, mejora el estado de salud de la infancia y de toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos que discutir en términos objetivos y no en términos de imponer las concepciones de cada uno sobre el otro. Creemos que hay suficiente evidencia como para considerar que esta ley ha sido una buena ley.
Con respecto a la educación integral en sexualidad, que es otro tema que sabemos que es polémico, que hay muchos sectores que se han movilizado en contra de esto, sectores que tienen una representatividad social fuerte —por ejemplo, en el grupo "A mis hijos no los tocan", que es una organización supranacional, internacional—, nosotros creemos que ahí lo que hay que entender es que nadie está planteando que las familias no tengan el derecho a la educación integral de sus hijos e hijas de acuerdo con sus valores y principios. Acá lo que se plantea es que, además de la familia, el Estado tiene un rol fundamental que cumplir en esto, porque es el que tiene que, de alguna manera, dar el mensaje como política pública, educativa en este caso, para todos los niños y niñas, complementando el mensaje que viene de los entornos familiares.
Entonces, creemos que ahí también es muy importante discutir esto desapasionadamente. Y en el tema de la diversidad sexual, nosotros entendemos que las políticas que buscan generar más derechos para las personas que viven en la diversidad sexual son políticas públicas que buscan el bienestar de toda la sociedad, el no ocultar las diferentes opciones y que se puedan expresar, porque sabemos que el ocultamiento lleva a violencia y, muchas veces, a grandes problemas psicológicos de las personas.
Entonces, creemos que en los temas más polémicos, que serían estos tres —el aborto, la educación integral en sexualidad y la diversidad—, hay mucho para hablar con todos los actores políticos y también sociales, espirituales y religiosos. Creemos que tenemos la oportunidad, como país, de discutir estos temas en clave nacional, especialmente considerando que el presidente ha manifestado que no se busca "refundar" nada. Sin embargo, aún existen grandes desafíos en materia de salud sexual y reproductiva, en particular en aquellos derechos que las mujeres todavía no tienen plenamente garantizados dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Existen emergentes notorios, como el caso de la endometriosis, una afección muy común y altamente invalidante para las mujeres, respecto a la cual tenemos una deuda histórica que es necesario saldar. También, en el ámbito reproductivo, las mujeres enfrentan un costo físico mayor a largo plazo, ya que son ellas quienes llevan sobre sus hombros la reproducción del país. Esto se traduce en una mayor probabilidad de sufrir trastornos del piso pélvico, como incontinencia urinaria o prolapso, lo que nos lleva a la necesidad de mejorar las políticas públicas en este sentido. Es fundamental garantizar el acceso a diagnósticos, tratamientos y rehabilitación de calidad, corrigiendo así una deuda histórica de la sociedad con las mujeres, quienes son las que aseguran el futuro del país.
Considerando la crianza y los embarazos como parte de las políticas de salud pública, ¿qué camino se va a tomar de ahora en más en estos temas?
Para la ministra, la primera infancia ha sido un tema central en su trabajo y liderazgo, con la Ley de Primera Infancia como eje fundamental. Desde el ámbito de la salud sexual y reproductiva, complementamos esa visión con el concepto de justicia reproductiva, entendiendo que el embarazo y la primera infancia forman una unidad indivisible. Sabemos que los problemas en la primera infancia no comienzan con el nacimiento, sino desde el embarazo mismo. Por ello, es clave abordar los factores que inciden negativamente en ese proceso: la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y las condiciones de hábitat inadecuadas. Estos elementos afectan tanto el embarazo como la crianza y deben tratarse de manera integral.
Invertir en el embarazo y la primera infancia es, sin duda, la estrategia más rentable para la sociedad. No solo garantiza derechos en el presente para mujeres y niños, sino que también reduce el riesgo de enfermedades infantiles como la obesidad, la anemia o la desadaptación escolar. A largo plazo, esta inversión ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, los infartos y los accidentes cerebrovasculares, cuyo origen muchas veces se vincula a factores epigenéticos durante el embarazo.
En definitiva, apostar por el embarazo y la primera infancia significa una triple inversión: en los derechos de la mujer, en los derechos de la infancia y en la sostenibilidad social y sanitaria de las futuras generaciones.
