La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) decidió apelar el fallo de la jueza de Florida, Noelia Gutiérrez Aguinaga, que archivó la denuncia por una presunta vulneración del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de la comunidad menonita en ese departamento.
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La resolución fue adoptada este miércoles en la sesión del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. Sin embargo, el presidente interino del organismo, Juan Gabito, no votó la moción, según confirmó él mismo al medio Subrayado.
El fallo en cuestión, emitido el martes por la magistrada Gutiérrez Aguinaga, concluyó que no se evidenciaban derechos vulnerados en los menores de la comunidad menonita. Según el dictamen, los niños reciben educación de manera virtual por docentes de un colegio extranjero y también asisten a una escuela de la comunidad, por lo que se considera que su derecho a la educación está siendo garantizado.
Los cambios introducidos por la LUC
El fallo recuerda además que la Ley de Urgente Consideración (LUC) modificó la normativa sobre la obligatoriedad de inscripción en centros educativos. Con la eliminación de esta exigencia, la legislación actual establece únicamente la obligación de los padres o representantes legales de garantizar que los menores accedan a educación, sin necesidad de que sea en instituciones registradas ante el Estado.
Otro de los aspectos mencionados en el fallo es la influencia de los dogmas religiosos en la educación de los niños, los cuales son considerados pilares fundamentales en su modo de vida y desarrollo dentro de la comunidad menonita. En este sentido, la jueza consideró que los menores presentan signos de bienestar emocional y social, describiéndolos como felices, alegres y con libertad de expresión.
A pesar de esta evaluación, el Codicen sostiene que es necesaria una intervención estatal para prevenir posibles situaciones de abuso, dada la naturaleza cerrada de la comunidad y su tendencia a la exclusión. En este marco, la ANEP optó por apelar el fallo con el objetivo de asegurar un mayor control sobre las condiciones educativas de estos menores y evitar eventuales vulneraciones de derechos.