En esta problemática se encontrarían involucrados alrededor de 700 trabajadores, de los cuales 200 son uruguayos y 500 son chinos y ecuatorianos. Los mismos están enfrentando condiciones inhumanas en su lugar de trabajo. El 16 de enero de este año, el SUNCA, con el patrocinio del Dr. López Goldaracena, presentó una denuncia penal solicitando una investigación para determinar las responsabilidades penales por posibles delitos de reducción de personas a trabajo forzoso y de responsabilidad empresarial, lo que plantea serias interrogantes sobre las regulaciones laborales en el país.
Irregularidades
La preocupación del SUNCA nace de la naturaleza de la obra, que implica riesgos y un volumen considerable, y este seguimiento fue fundamental para visibilizar las serias irregularidades. Las anomalías no son recientes; de hecho, vienen constatándose desde 2023 y están claramente documentadas en las actas de las inspecciones de trabajo. La denuncia presentada es de tal gravedad que será investigada como trata de personas, lo que pone de relieve la urgencia y la importancia de la intervención del sindicato. Fue asignada a la Fiscalía Letrada de Paysandú de 3º Turno a cargo del Dr. Carlos Motta.
La controversia gira en torno a la China Machinery Engineering Corporation (CMEC), ganadora de la licitación para la obra del cierre del Anillo de Transmisión de 500 kV, que implicará diseñar, construir y mantener las líneas de transmisión de 365 km entre Tacuarembó, Salto y Chamberlain. Este ambicioso proyecto, con un fideicomiso financiero que contempla una emisión de deuda de hasta 800.000.000 de unidades indexadas, ha levantado alarmas por el abrumador bajo costo presentado por la empresa china, lo que ha dejado fuera de la contienda a otras propuestas más justas.
En zonas remotas y aisladas
Con cerca de 700 trabajadores en total, la obra está compuesta por aproximadamente 200 uruguayos y 500 trabajadores provenientes de China y Ecuador. Se desarrolla en zonas territoriales remotas y aisladas, donde se han constatado graves condiciones de riesgo laboral.
La Inspección General del Trabajo ya había intervenido anteriormente, clausurando tres dependencias debido a las insalubres condiciones en las que se encontraban los empleados. Entre las irregularidades se destacaban el hacinamiento, la falta de higiene, la escasez de agua caliente, el suministro limitado de alimentos y la carencia de elementos básicos de limpieza y refrigeración.
La vulnerabilidad de los trabajadores
Aún más preocupante es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de estos trabajadores. La combinación de ser extranjeros, la incapacidad para comunicarse debido a las barreras idiomáticas y la falta de alternativas de traslado los deja en una posición de explotación extrema. No solo se les niega el acceso a condiciones laborales dignas, sino que su propia seguridad y bienestar se ven comprometidos.
Una vez más, se evidencia la relevancia del SUNCA y de la organización sindical bajo el gran paraguas del Pit-Cnt. Este episodio se suma a los muchos en los que los sindicatos se han plantado ante situaciones extremas, defendiendo los derechos de los trabajadores y enfrentando desafíos que afectan a los más desprotegidos. Esta realidad pone en manifiesto el combate que actualmente realiza este Gobierno contra la defensa de los derechos laborales.
A expensas de la dignidad y los derechos
Esta alarmante situación nos invita a reflexionar sobre la dirección que ha tomado el trabajo en Uruguay. La flexibilización laboral y la búsqueda de costos más bajos no pueden justificarse a expensas de la dignidad humana y de los derechos laborales. Es imperativo que las instituciones de gobierno y los organismos de control asuman su responsabilidad en la protección de los trabajadores y en la promoción de políticas que prioricen la dignidad y el respeto en el ámbito laboral.
Por otra parte, cabe destacar la relevancia del control de los espacios de trabajo y la importancia de la institucionalidad de la Inspección General del Trabajo que muestra esta terrible realidad, pero que lamentablemente, más allá de las clausuras que dictaminó, la obra y la situación siguieron adelante. No hubo una solución de oficio más contundente.
La denuncia del SUNCA es solo la punta del iceberg; es un llamado de atención urgente para toda la sociedad uruguaya. La explotación laboral no debe ser un tema para debatir, sino una realidad que debemos erradicar. El futuro del trabajo en Uruguay debe construirse sobre la base del derecho, la equidad y la justicia, garantizando que cada trabajador, sin importar su origen, tenga acceso a un entorno laboral seguro y digno. Es momento de actuar.
