Además, la interpretación actual contradice lo estipulado en tratados internacionales ratificados por Uruguay, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a tener una nacionalidad, a cambiarla y a no ser privado arbitrariamente de ella.
Según cifras de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), 16.374 personas cuentan con ciudadanía legal y cédula de identidad uruguaya vigente. Provienen principalmente de países como España, Argentina, Cuba y Venezuela. Además, se identificaron 1.327 personas refugiadas o apátridas, quienes también enfrentan barreras para acceder a una nacionalidad y, por ende, a una protección completa por parte del Estado.
A esto se suma un grupo especialmente vulnerable... niños, niñas y adolescentes hijos de personas con ciudadanía legal, quienes no pueden acceder a la nacionalidad uruguaya debido a la falta de vías legales adecuadas, lo que los pone en riesgo de apatridia.
¿Cuáles son las repercusiones?
Problemas de identidad: Muchos ciudadanos legales sienten que han perdido su identidad uruguaya al ser etiquetados como extranjeros en sus documentos oficiales.
Limitaciones en la movilidad internacional: Los documentos son rechazados por aerolíneas y sistemas de control migratorio.
Riesgo de apatridia: Especialmente en casos donde los países de origen no permiten la doble ciudadanía.
Desaliento a la inversión y afectación económica: Personas con ciudadanía legal que residen y trabajan en Uruguay pueden enfrentar trabas para emprender o invertir por falta de reconocimiento pleno como nacionales.
Impacto emocional y psicológico: La sensación de exclusión y vulnerabilidad es constante, especialmente cuando los trámites burocráticos colisionan con la vivencia cotidiana de pertenencia a la sociedad uruguaya.
Recomendaciones del informe
El Grupo de Trabajo coordinado por la INDDHH propone cuatro grandes líneas de acción para corregir la situación:
Modificación de los documentos de identificación: Incluir “nacionalidad uruguaya” en los pasaportes de personas con ciudadanía legal, tal como recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para evitar rechazos en fronteras.
Promulgación de una ley interpretativa: Que aclare que las personas con ciudadanía legal también son nacionales, eliminando así la distinción artificial que actualmente genera exclusión.
Ley de nacionalidad: Establecer un marco legal claro que garantice el derecho a naturalizarse para personas migrantes, refugiadas y apátridas, incluyendo a niños, niñas y adolescentes.
Reforma constitucional (a largo plazo): Incorporar en el texto constitucional una definición precisa de nacionalidad, que refleje los compromisos internacionales en derechos humanos asumidos por Uruguay.
Lejos de ser una cuestión meramente administrativa, el reconocimiento de la ciudadanía legal como vínculo legítimo con el Estado es también una oportunidad para ampliar la inclusión y fortalecer la democracia. El respeto al derecho a la nacionalidad es fundamental para asegurar la participación política, el arraigo y la igualdad de trato en un país históricamente definido por su tradición de respeto a los derechos humanos.
Informe del GT CiudadanA__a Legal y Nacionalidad_0.pdf
