Más pobreza, desigualdad y violencia
¿Qué panorama observaron desde PIAs y CIPPU que motivó el pedido al Gobierno de declarar la emergencia nacional en materia de infancia y adolescencia?
Hay varios ejes que venimos planteando desde hace tiempo, y lamentablemente la situación de las infancias y adolescencias no ha mejorado. Hay dos o tres puntos que consideramos urgentes. El primero es el aumento de la desigualdad y la pobreza. Las cifras muestran que hay cada vez menos niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo, su situación es cada vez peor.
Otro punto alarmante es el crecimiento de la violencia territorial y comunitaria que afecta directamente a niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de violencia letal, muy cruda. Solo entre enero y marzo registramos 23 menores baleados en Uruguay y cinco asesinados. Esta cifra surge del seguimiento que realizamos de los medios de prensa, porque no existe un registro oficial unificado.
Y si ampliamos el margen de edad más allá de los 18 años, los números serían aún más calamitosos. Escuchamos a diario noticias de balaceras, asesinatos y situaciones de violencia extrema que involucran a niños y adolescentes. Por eso creemos que declarar la emergencia nacional permitiría poner el foco en la infancia y adolescencia, movilizar todos los recursos del Estado y mejorar esta situación.
El Ministerio del Interior presentó recientemente sus datos, pero no coinciden con los nuestros. Según ellos, van dos niños y adolescentes asesinados en lo que va del año, pero nosotros registramos cinco. Eso muestra que ni siquiera contamos con información pública de calidad. Frente a esto, es necesario desarrollar protocolos de actuación claros ante casos de niñas, niños o adolescentes heridos o asesinados en el territorio. No hay respuesta del Estado a las familias. ¿Qué pasa con sus historias de vida? ¿Qué atención reciben después? Hoy, simplemente, no pasa nada.
En un comunicado reciente de PIAs se menciona la “violencia estructural” y la “desigualdad intergeneracional”. ¿Podría darnos ejemplos concretos de cómo se expresan estas problemáticas en el territorio?
La desigualdad se expresa de muchas formas. En el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, a la vivienda... En los barrios más populares, tanto de Montevideo como del interior del país, hay condiciones mucho peores en todos esos aspectos. Y justamente, esos mismos barrios —con peores indicadores sociales y económicos— son los más afectados por situaciones de violencia.
Si uno hiciera un mapeo de dónde se registran más hechos violentos, coincidiría con los barrios que tienen más asentamientos, mayor informalidad, menos acceso a empleo formal y a recursos estatales. Esa correlación es directa.
Solicitud de emergencia nacional
Esta semana PIAs se reunió con el presidente Yamandú Orsi, ¿qué significado tuvo la reunión?
En realidad, tuvimos dos reuniones importantes. Una fue antes de semana de Turismo, con Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la otra, esta semana, con el presidente Orsi. Ambas fueron muy relevantes para nosotros. En ambos encuentros planteamos los mismos puntos: la declaración de la emergencia nacional, la reglamentación de la Ley GAPIA, la creación de áreas específicas de infancia en todos los ministerios, y la inclusión de un capítulo de infancia en el diálogo social.
El presidente respondió a nuestra solicitud casi de inmediato, lo cual valoramos enormemente. Es el primer presidente en muchos años que recibe a una sectorial vinculada a infancia y adolescencia. En la reunión también estuvieron la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la presidenta del INAU, Claudia Romero, lo que interpretamos como una señal del Gobierno que muestra un interés real en la temática. Fue un encuentro muy abierto, un puntapié inicial para seguir trabajando. El foco está puesto en las infancias y adolescencias, y hay voluntad de avanzar en respuestas que no se queden solo en lo represivo, sino que contemplen también otras formas de violencia: sexual, vicaria, intrafamiliar, institucional y comunitaria.
¿Por qué consideran crucial reglamentar la Ley GAPIIA?
La Ley GAPIIA busca reorganizar recursos que hoy están dispersos en los territorios y ordenar las distintas institucionalidades. También permite involucrar a otros actores que, si bien no están vinculados directamente con infancia y adolescencia, deben estar presentes en las intervenciones. La reglamentación es clave porque involucra a varios ministerios y genera una nueva institucionalidad. Es fundamental que se construya con una lógica territorial, intersectorial e incluso con la participación de la sociedad civil y la academia. Tenemos mucho para aportar.
Además, en el período anterior se creó el Fondo de Primera Infancia, lo que ha generado superposiciones institucionales. Por eso, la Ley GAPIIA puede ayudar a ordenar y unificar criterios, y a abordar las infancias desde una perspectiva más integral, con información pública de calidad sobre la situación en todo el país.
Otra de las propuestas que hicieron fue que cada ministerio tenga un área específica de infancia con enfoque de derechos. ¿Qué beneficios traería esta medida?
Todas las decisiones ministeriales impactan en la vida de niñas, niños y adolescentes, incluso aquellas que no parecen relacionadas, como las del Ministerio de Economía o de Vivienda. Por eso, una mirada específica desde todos los organismos del Estado nos parece fundamental. Hoy vemos una intervención estatal muy desarticulada en los territorios. Faltan una visión integral y acciones coordinadas. Si los ministerios pudieran trabajar en conjunto, podrían dar respuestas más adecuadas, específicas y de mayor calidad a las realidades territoriales.
Retrocesos y desarticulaciones
Desde tu experiencia y tu rol, ¿consideras que en el último periodo de gobierno hubo retrocesos en lo referido a las políticas públicas destinadas a infancias y adolescencias?
Sí, no solo hubo retroceso, sino también desarticulación y abandono del Estado en el territorio. Eso implicó consecuencias para las familias más vulnerables, que quedaron cada vez más expuestas. Hubo una visión bastante compleja sobre cómo intervenir en los territorios, una falta de escucha y de espacio de participación institucionalizado, tanto con el Mides como con INAU. De hecho, desde la sociedad civil, a través de la plataforma o de redes barriales y territoriales, intentamos generar respuestas lo más colectivas posibles. En algunos momentos, dentro de esas redes estaban presentes varios organismos del Estado que durante tres o cuatro años desaparecieron del terreno. Recién en el último año empezaron a aparecer.
Si tuvieras la posibilidad de aplicar una política pública o proyecto tendiente a mejorar la problemática de las infancias y adolescencias, ¿cuál sería?
No voy a decir una respuesta políticamente correcta y se trata de una opinión personal, no de la Plataforma que represento. Creo que hay dos prioridades que podrían generar cambios sustanciales en cuestiones muy complejas. Una es la presencia de armas y municiones letales, ya que la cantidad que existe no se puede explicar solo por el microtráfico. La otra es el endeudamiento de las familias pobres, algo que debemos pensar desde la política pública porque hoy no está pensado. Y no me refiero al endeudamiento con Pronto o financieras similares, sino a otro tipo de endeudamiento, con condiciones distintas, que circula en las economías ilegales.
¿Cuál es el objetivo del evento “Mejor con Cuidado” que están convocando para este sábado?
En el marco del 25 de abril, el Día Mundial contra el Maltrato Infantil, desde la plataforma siempre venimos haciendo actividades para poner el tema en agenda, porque es una fecha que pasaba bastante desapercibida. A su vez, desde el año pasado venimos realizando mesas de diálogo intersectoriales e interpartidarias sobre temáticas como la desigualdad, pobreza, violencia e institucionalidad.
Actualmente, ante una realidad territorial más compleja, la intención de la jornada “Mejor con cuidado” es la continuidad de ese diálogo, pero basado en propuestas y respuestas concretas desde cada organismo que interviene en la infancia. Están invitados todos los organismos vinculados a la infancia: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación y Cultura, incluso organismos que no se vinculan directamente, pero que tienen consecuencias sobre la infancia, como Secundaria. También organizaciones de la sociedad civil.
¿Qué temas concretos se abordarán?
En la mesa habrá exposiciones sobre cuatro ejes. Uno es el endeudamiento de las familias pobres y las condiciones de explotación y violencia a las que esto las expone en los territorios. Otro eje aborda la violencia sexual, la violencia vicaria y la violencia intrafamiliar. También trataremos las violencias institucionales y las violencias territoriales. Posteriormente, se abrirá un espacio de reacción o exposición para cada uno de los invitados, además de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan diferentes temas. Por ejemplo, Familias Presentes, que trabaja con niñas y niños con familiares privados de libertad; Hijos del Sistema, que se enfoca en la adopción de niños mayores y el egreso del sistema de protección. La idea es poder exponer propuestas frente a determinadas temáticas y seguir construyendo caminos hacia soluciones frente a la violencia, que cada vez es mayor.
Para finalizar, ¿qué mensaje o reflexión merece el Día Internacional del Maltrato Infantil?
Merece asumir una responsabilidad desde el mundo adulto. Asumir la incapacidad que hemos tenido para dar respuestas, para generar ambientes cuidados y favorables para el desarrollo de una infancia protegida. Desde lo personal, es un punto de gran dolor. Me lleva a pensar qué le estoy dejando a mis hijas, y al resto. Me hace pensar en cómo podemos cambiar esto. No podemos seguir tolerando las situaciones de violencia que atraviesan las infancias. No podemos permitir como sociedad que cada vez haya menos niños, niñas y adolescentes, y que cada vez están peor.
*PIAs es una articulación creada en 2020 a iniciativa de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Nacional de ONG, el Comité de Derechos del Niño-Uruguay, la Asociación Uruguaya de Educación Católica, la Federación de Instituciones de Protección y Acogimiento, y la Red Pro Cuidados. Su objetivo es incidir en políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo y protegiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes.
