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Sociedad proyecto forestal | Laguna Merín | Ambiente

Carta al ministro de Ambiente

Organizaciones exigen detener proyecto forestal en área protegida de la Laguna Merín

Denuncian que el proyecto forestal avanza sin la consulta de las comunidades locales y que tendrá impactos negativos sobre la Cuenca de la Laguna Merín y el área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal.

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La Asamblea Hue Mir, conformada por unas 50 organizaciones sociales y colectivos, expresó su rechazo al proyecto forestal "El Tatú/El Mirador" de la empresa Pradera Roja S.A., mediante una carta abierta dirigida al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. La iniciativa, que afecta directamente a la Cuenca de la Laguna Merín y al área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, generó gran preocupación por sus impactos ambientales, sociales y culturales.

El proyecto, ubicado a cuatro kilómetros de Isla Patrulla, implica la forestación de 4000 hectáreas, de las cuales 1500 forman parte del área protegida incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Según la asamblea, el Decreto N.º 60/020 prohíbe actividades de forestación con especies exóticas en la zona protegida, salvo excepciones que no aplican en este caso. “El manejo del rebrote significa un nuevo proyecto en un área donde esta actividad está prohibida y no cuenta con la autorización ambiental necesaria”, indicaron.

Además, la carta denuncia que la propuesta afectaría nacientes y cursos de agua fundamentales para comunidades rurales como Isla Patrulla y la ciudad de Treinta y Tres. “Contaminan el agua con agrotóxicos como glifosato y fipronil, afectando la salud de las personas y del ecosistema”, alertaron. También mencionaron que estos monocultivos comprometen la biodiversidad, la calidad del suelo y el paisaje, agravando la migración rural y deteriorando caminos públicos como la Ruta 98 y el Camino del Yatay.

"Violación de derechos"

La Asamblea subrayó que el proyecto está avanzando sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, lo que constituye una “violación de derechos fundamentales”. También señalaron la falta de un estudio de impacto arqueológico, incumpliendo la normativa vigente.

En la carta, las organizaciones exigieron que no se autorice el proyecto en los padrones incluidos en el área protegida, que se reclasifique el resto del proyecto a Categoría C, y que se convoque a una audiencia pública. Asimismo, solicitaron una reunión urgente con el ministro Bouvier y las autoridades competentes en el territorio.

La Asamblea Hue Mir concluyó su declaración con un llamado a las organizaciones sociales y ambientales a sumarse a la defensa de los bienes naturales y la preservación de las comunidades locales.

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