Proyecto Neptuno: científicos detectaron 215 problemas en informe de impacto ambiental

Según Ceretta, el proyecto, que busca privatizar parte del suministro de agua potable, contraviene la reforma constitucional de 2004, que prohibió la privatización de servicios esenciales como el agua. A esto se suman objeciones que tienen que ver con el impacto ambiental. Por estos motivos, el abogado recordó que junto a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucu Tucu, se presentaron acciones legales en 2023, incluyendo una medida cautelar que impide a OSE firmar el contrato con el consorcio adjudicatario.

Ceretta confirmó que, pese a la medida de no innovar, se observaron movimientos en la zona de Arazatí, donde se pretende instalar la planta potabilizadora, lo que generó denuncias de los vecinos. El profesional contó que, según las imágenes satelitales obtenidas por científicos que apoyan la causa, se constató la tala de árboles en la franja costera sin la correspondiente autorización ambiental, lo cual fue denunciado al Ministerio de Ambiente, que hasta ahora no dio respuesta directa a los denunciantes, limitándose a emitir un comunicado en redes sociales.

Incumplimiento de la normativa

"Lo que ocurre es que cualquier acto preparatorio del proyecto está prohibido hasta tanto no se obtenga la autorización ambiental definitiva, cosa que estamos todavía en proceso porque recién se puso en manifiesto el proyecto. Faltan unos cuantos pasos como para poder empezar con actividades preparatorias del proyecto. En ese sentido, la medida cautelar de no innovar lo único que prohíbe es firmar el contrato, por eso no podemos decir que haya un desacato a la medida judicial. Lo que hay es un incumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental: no se pueden realizar actividades que destruyan, afecten al medio ambiente, aunque sean preparatorias del proyecto y que no sean el proyecto en sí mismo, sin tener la autorización ambiental".

Para Ceretta, resulta paradójico que el propio Ministerio de Ambiente, encargado de velar por los recursos naturales, esté defendiendo la ejecución del proyecto sin un estudio de impacto ambiental adecuado. "Hablando con colegas de España les costaba entender cómo nosotros que estamos intentando defender cuestiones ambientales tenemos enfrente al Ministerio de Ambiente. Me decían, tendría que estar por un lado el consorcio y eventualmente OSE, que tiene intereses paralelos al consorcio, y del otro lado Ministerio de Ambiente. Cómo el Ministerio de Ambiente no está con ustedes? Acá el Ministerio de Ambiente está defendiendo que no se haga un estudio de impacto ambiental. Es una cosa un poco curiosa".

Finalmente, subrayó las 215 observaciones realizadas por científicos de la Universidad de la República (Udelar) sobre el informe de impacto ambiental, que ya fueron presentadas. "Los científicos de la Universidad de la República detectaron 215 problemas del informe de impacto ambiental. Están detallados y los hicimos saber al Ministerio [de Ambiente] en esta etapa de puesta de manifiesto del informe".