Proyecto Neptuno: Expertos concluyeron que Arazatí pone en riesgo calidad del agua potable y la salud

Uno de los principales problemas identificados en la carta es la salinidad del agua en el área de Arazatí, que está sujeta a variaciones constantes debido a factores como las mareas y los vientos. Los académicos señalan que "simplemente dicha agua no será potable. Y, aunque es posible la desalinización, ello conlleva la implementación de procesos complejos, muy costosos y que no se han tenido en consideración en el proyecto actual".

Otro factor crítico es la presencia de contaminantes y cianobacterias en el agua del estuario. Estas últimas son organismos que producen toxinas altamente peligrosas para la salud humana. En el documento se advierte que "las floraciones de cianobacterias tóxicas tienen una gran variabilidad espacial y temporal, lo que conlleva un gran riesgo sanitario debido a que pueden captarse grandes biomasas en el agua bruta en muy poco tiempo".

En tal sentido indicaron que el Proyecto Neptuno "vulnera la seguridad sanitaria de más del 60% de la población del país, por el riesgo de suministrar agua para consumo humano con niveles variables e inaceptables de contaminantes".

El informe también subraya los costos y complejidades de los procesos necesarios para tratar este tipo de agua, y cómo estas dificultades podrían traducirse en riesgos directos para la salud pública. Además, se cuestiona la viabilidad económica del proyecto, señalando que "el modelo de gestión propuesto implica la transferencia de recursos del sector público al privado por un período de al menos 18 años, lo cual comprometerá el estado financiero del servicio y acentuará las condiciones de desigualdad en el acceso al agua potable".

En la misiva señalaron que "se puede concluir que la evidencia científica actualmente disponible indica que el proyecto en discusión es una estrategia inapropiada para generar una fuente alternativa de agua potable para Montevideo y su zona metropolitana" destacaron los expertos.

Finalmente, la carta concluye que la implementación del proyecto podría agravar problemas estructurales en la gestión de los recursos hídricos del país y poner en riesgo la soberanía sanitaria de Uruguay. "La seguridad pública, la protección ambiental y la integridad de la infraestructura crítica deben ser prioridades, y en este caso, los riesgos potenciales superan significativamente los beneficios de tal instalación", remarcan los académicos.