¿Quiénes son las mujeres privadas de libertad en Uruguay?

Durante la presentación del estudio, que tuvo lugar en el Parlamento, Florencia Roldán, de Nómade Consultora, explicó que, en Uruguay, actualmente, hay una población de 1033 mujeres privadas de libertad en establecimientos carcelarios y unas 700 formalizadas en prisión domiciliaria o con medidas alternativas.

El diagnóstico se enfocó en los departamentos de Montevideo, Salto y Rivera, tres de los que registran la mayor concentración de mujeres privadas de libertad. Se realizaron entrevistas, encuestas y talleres focales con unas 120 mujeres, que se expresaron sobre diversas dimensiones como educación, familia trabajo, salud, convivencia, institucionalidad, higiene, alimentación, expectativas de egreso, entre otras.

A modo de contexto, y con datos aportados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), destacaron que en la actualidad un 20 por % de las mujeres privadas de libertad tiene entre 18 y 24 años, un 58% entre 25 y 39 y un 22% entre 40 y 69. Es decir, casi un 80% son menores de 39 años. De esta población, un 38% son primarias y un 38 % reincidentes.

Señalaron también que el delito prevalente que conduce a las mujeres a la cárcel es el tráfico de drogas y estupefacientes (más del 50%), y que le siguen el hurto y la rapiña, por los que son aprisionadas 2 de cada 10 mujeres.

Principales hallazgos

Uno de los datos que emergió de este informe fue que el 96,1% de las mujeres privadas de libertad encuestadas son uruguayas, mientras el resto son de procedencia brasileña, dominicana y venezolana.

Por otro lado, reveló que "el nivel educativo máximo alcanzado por la población de mujeres privadas de libertad está por debajo de la media del país". Un 74,7% no completaron el primer ciclo de la enseñanza media y el 94,7% de ellas no acreditó el segundo ciclo, mientras que la educación terciaria o universitaria es prácticamente inexistente entre las mujeres privadas de libertad.

Pero la dimensión educativa mostró cifras más dramáticas en el interior del país. "Entre quienes manifestaron haber cursado sólo primaria, un 50% están localizadas en unidades penitenciarias del interior del país y un 32,8% en Montevideo. Quienes no alcanzaron a completar el primer ciclo de la enseñanza media están localizadas el 73,8% en Montevideo y el 78,6% en los otros departamentos.

Además, confirmaron que el 93,5% de las mujeres que se encuentran en Montevideo y el 100% de las recluidas en el interior del país no acreditaron la educación media completa (primer y segundo ciclo).

La investigación también indagó sobre las causas que llevaron a estas mujeres a desvincularse de los contextos educativos. Un 21% dejó de estudiar por desinterés o desinformación, un 21,9% por dedicarse al cuidado de hijas e hijos o cónyuge, un 20,3% por dedicarse a tareas de cuidados en el hogar, un 17,1% por trabajo y un 12,5% debido a otras causas.

De acuerdo a entrevistas con las reclusas, identificaron otros causales que fomentaron la desvinculación educativa, como el inicio de consumo de sustancias psicoactivas o contextos familiares desfavorables para la continuidad. "Todas han experimentado desde la primera infancia situaciones de desamparo y de muy poco o inexistente apoyo: falta de alimentación, de un lugar adecuado para vivir, violencia intrafamiliar", detalla el informe.

De los relatos de las mujeres también se desprendió que aquellas que están finalizando sus estudios dentro del sistema carcelario, visualizan el tiempo de encierro como una oportunidad para estudiar que no tuvieron antes y que les permitirá proyectarse laboralmente al recuperar la libertad.

También se pudo saber que otra porción de mujeres que estudian, en especial las de mayor edad y con enfermedades complicadas, lo hacen con el objetivo de redimir la pena y poder salir antes, acceder a mejores tratamientos médicos y estar con sus familias.

Con respecto a la dimensión laboral, la investigación concluyó que un 68,3% de las mujeres que están actualmente privadas de libertad accedieron en el pasado a uno o varios trabajos remunerados formales, mientras que un 32% no accedió. "La información recopilada apunta a que la temprana deserción del sistema educativo formal, sumada a la maternidad temprana y a las tareas de cuidados, redundó en trayectorias laborales muy precarias, incluso dentro de la formalidad", dice el informe.

Y añade: "Los relatos evidencian condiciones de trabajo precarias y la necesidad de recurrir a otras fuentes de ingresos (algunas ilegales) que les permitieran la sustentabilidad de sus familias. Así, en algunos casos aparecen el trabajo sexual, el contrabando y la venta de drogas como formas de conseguir dinero fácil y rápido".

Consultadas por la dimensión de la salud, un 58,6% de las encuestadas valoró negativamente la atención sanitaria de las unidades penitenciarias. En el caso de las mujeres embarazadas, declararon no tener quejas de la atención recibida, por lo cual se pudo inferir que se encuentran en una situación de privilegio respecto a las otras.

Por otro lado, un 45,3% de las mujeres respondió que tenía algún tipo de enfermedad (incluido un 16% que mencionaron más de una) y un 54,7% respondieron no padecer ninguna. Un dato que llamó la atención de las investigadoras fue que la mayoría de las mujeres dijeron que la medicalización suele ser la respuesta inmediata que se brinda en los establecimientos carcelarios cuando consultan por situaciones vinculadas a la salud mental, como depresión, angustia, ataques de pánico, etc. En tal sentido, gran parte de las reclusas manifestó que ante estas enfermedades necesitan otro tipo de atención, como espacios de escucha donde conversar sobre las diferentes situaciones que han atravesado en sus vidas.

Las mujeres consultadas también opinaron sobre la situación institucional de los centros. En Montevideo, en 77% dijo que la infraestructura es mala o muy mala. En el caso del interior, no hubo críticas sobre la infraestructura, sino que prevalecieron las opiniones favorables.

Uno de los problemas principales que manifestaron fue el de la cantidad de mujeres que comparten un mismo espacio o baño. Algunas declararon que había un solo baño para 80 mujeres o que compartían en cuarto con más de 20 internas. “Tanto en las entrevistas como en los grupos focales que se realizaron en Montevideo se da cuenta de que se sienten y están hacinadas, y relatan que cuando vienen las autoridades quieren que todo esté limpio y ordenado. Esto ya se ha observado incontables veces y se han hecho recomendaciones de mejoras edilicias de las instalaciones, a través de los informes elaborados por el comisionado parlamentario”, dice el informe.

Sobre el acceso a actividades educativas, deporte y ocio, el 81,3% de las mujeres declaró cursar una o más actividades educativas, mientras que un 18,7% no asisten, en algunos casos por coincidencia de horarios con la plaza laboral. Se registró también que la existencia de actividades recreativas (deportivas, ocio) y religiosas fueron mencionadas en un bajo porcentaje entre las encuestadas. Para el equipo de investigación, “llamó la atención” la ausencia de talleres sobre consumo problemático de sustancias, teniendo en cuenta que la mayor parte de esta población esta recluida por esta problemática.

Con respecto a las expectativas de egreso del sistema carcelario, la mayoría de las mujeres identificó como principales dificultades el desempleo y no poder estar con sus hijas e hijos. Entre otras preocupaciones mencionaron no poder continuar estudiando y quedar en situación de calle.

“La mayoría de las mujeres privadas de libertad reclaman poder promover y fortalecer sus capacidades de emprender acciones que las emancipen de los entornos que comprometieron su libertad, generar redes de apoyo y lugares donde pernoctar luego del egreso”, concluye el diagnóstico.

Sobre el informe

El estudio fue realizado por Nómade y Vida y Educación, en el marco del Proyecto Crisálidas, que trabaja por la inclusión de las mujeres privadas de libertad. Fue financiado por la Unión Europea, y cofinanciado y ejecutado por la Universidad CLAEH e INCIDEM.

Se trata de una investigación inédita en el país, que integra la perspectiva de género en el análisis de la situación de las mujeres privadas de libertad en el país.

Para la elaboración del diagnóstico la organización Vida y Educación realizó entrevistas en profundidad y encuestas, entre agosto y octubre de 2022, a 120 mujeres privadas de libertad de tres establecimientos del país (Montevideo, Salto y Rivera).

La presentación del informe estuvo a cargo de Andrea Hernández, co coordinadora del Proyecto Crisálidas; Florencia Roldán, de Nómade Consultora, y Julia Capellán, representante de la Organización Vida y Educación.

También participaron de la actividad Markus Handke, Jefe de la Sección de Cooperación y Delegación de la UE Uruguay; Leopoldo Font, vicerrector de Desarrollo UCLAEH y director del proyecto Crisálidas; la licenciada Lourdes Salinas, sub directora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); Luis Mendoza, director del INR, y el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit.