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Inteligencia de la Policía y la Fiscalía de Estupefacientes de 2° Turno, a cargo de Stella Llorente, con la colaboración de la Fiscalía del Chuy, identificaron que ambos hombres formaban parte de una banda que abastecía de armas de fuego a organizaciones del crimen organizado local, pero sobre todo internacional.
La escandalosa y preocupante noticia (sobre todo en momentos en lo que se difundía por TV la foto de un adolescente de 14 años, imputado por matar a un bebé de un año, portando potentes fusiles de asalto de más que sospechosa procedencia) apenas ocupó por un rato los portales de prensa y el Gobierno prefirió pasar por alto, para no fogonear un nuevo hecho de corrupción de un funcionario del Estado, a pocos días de desarrollarse una nueva Elección Nacional.
En este caso, con la paradoja de que se trata de un miembro de las fuerzas de seguridad al servicio del crimen organizado, que operaba en los límites territoriales que, justamente, debería proteger de las estructuras criminales.
Consultado por Caras y Caretas sobre este caso, el vocero de la Armada, Alejandro Pérez, aseguró que ninguna de las armas incautadas al Teniente de Navío pertenecía a esa fuerza y que "las maniobras nada tenían que ver con la Armada Nacional" sino que se trataban de "maniobras ilícitas personales" del formalizado.
Mientras continúa la investigación sobre esta organización, intentando determinar si algunas de las armas decomisadas (que serán periciadas) fueron utilizadas para cometer ilícitos, sería bastante ingenuo pensar de que se trata de un caso aislado.
Las advertencias sobre la proliferación del tráfico de armas
Edward Holfman, asesor en seguridad de Guzmán Acosta y Lara, uno de los precandidatos presidenciales del Partido Colorado en las últimas internas, advertía en mayo, en su cuenta de X, que “el tráfico de armas en Uruguay ha experimentado un incremento significativo en los últimos años, con diversas operaciones policiales y judiciales destacadas que ilustran la gravedad del problema”.
Un informe de CERES publicado en setiembre de este año alertó sobre la proliferación de armas y su fácil acceso adquieren una dimensión crítica en contextos de incremento de la violencia, ya que intensifican su papel como factor de riesgo.
El estudio apuntaba que los tres fiscales de homicidios de Montevideo coinciden en que el uso de armas automáticas y la disponibilidad generalizada de armas de fuego contribuyen significativamente a la escalada de la violencia en Uruguay, lo que requiere medidas urgentes para su control y prevención.
Según el fiscal de homicidios Carlos Negro el incremento de la violencia y las formas de la violencia está relacionado con el uso de armas automáticas, un fenómeno reciente en nuestro país. “un denominador común en la periferia de Montevideo”, afirmó al programa MVD Noticias de TV Ciudad. Advirtió que mientras las pistolas Glock que utiliza la policía son semiautomáticas, lo que significa que disparan una bala cada vez que se acciona el disparador, las utilizadas por los delincuentes son modificadas para poder disparar en ráfagas, por lo que las mismas son equipadas con cargadores de 30 y hasta 50 municiones.
Por su parte, la fiscal Mirta Morales manifestó su preocupación por la existencia de armas “de todo tipo” y que los delincuentes “están armados hasta los dientes”. Señaló que, si bien, se hacen muchos allanamientos, “las armas desaparecen”.
En tanto, la fiscal de homicidios, Adriana Edelman también alertó que los delincuentes “manejan unas armas que son realmente muy potentes”, y afirmó que las mismas “se alquilan, se ceden o se prestan a cambio de otras cosas”.
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Arsenal decomisado en Cerro Largo a mediados de 2023.
El tráfico de armas por la frontera de Brasil, principalmente por Rivera-Santana do Livramento, y el interés de organizaciones regionales como el Primer de las Comando Capital (PCC) de adquirir armas en Uruguay es algo que viene siendo advertido desde hace varios años por distintas autoridades del país vecino.
Por ejemplo, en 2006, el juez federal, Belmiro Krieger, manifestó que “en la frontera de Uruguay y Brasil esta práctica es habitual” y que “el problema radicaba en la “falta de controles”, porque “revisan camiones, pero se dejan de revisar autos o camionetas” y “cualquiera puede traficar revólveres o pistolas de grueso calibre”.
La Policía, las armas y el crimen organizado
En ese contexto, durante este período de gobierno, varios fueron los casos que comprobaron esta teoría. A mediados de 2021, fueron encontradas varias armas de procedencia uruguaya en poder de grupos criminales brasileños que operan en el sur de ese país y establecen contacto con delincuentes uruguayos y argentinos, como es el caso de Rodrigo “Loli” Fontana, antiguo socio de Sebastián Marset, que en agosto de este año fue acribillado a balazos en Santana do Livramento.
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Policía de Rivera negociaba armas con miembros de la organización criminal Os Manos.
En agosto, pero de 2021, un oficial de la Jefatura de Policía de Rivera fue condenado a veinte meses de prisión por tráfico de armas. Se comprobó que, aprovechando su condición de funcionario del Ministerio del Interior, compraba armas en Uruguay para luego venderlas en Brasil a integrantes de Os Manos, banda ligada al PCC en el sur de Brasil.
Otro caso paradigmático reveló que el poder de fuego alcanzado por las bandas criminales que operan a nivel local (similar y a veces mayor al de la Policía) se explica, muchas veces, por las armas que son surtidas por quienes tienen mayor acceso a ellas de forma legal (y también ilegal): las propias fuerzas de seguridad.
En marzo de este año, tras una investigación penal realizada por el fiscal de Flagrancia de 16° turno, Raúl Iglesias, y luego de un proceso abreviado, la Justicia condenó a dos policías por tráfico interno de armas de fuego y municiones, por lo que lo efectivos cumplieron seis meses de prisión. En esa ocasión, el fiscal aclaró que la ley no prevé un agravante por que los imputados sean de la Policía.
Uno de los funcionarios policiales condenados trabajaba en la Dirección de Hechos Complejos de Montevideo y el otro en la Oficina de Contralor de Armamento, Equipamiento y Balística de la Jefatura de Policía de Montevideo, encargada de administrar el armamento policial y de custodiar armas incautadas.
El abogado de uno de los policías, Pablo Casas, dijo que no se pudo determinar por qué faltaron las municiones en la oficina. "No se pudo demostrar por qué faltaban esos cargadores, se tuvo que responsabilizar de esa situación", explicó. Al ser consultado por la labor de su cliente, Casas respondió: "Era el encargado del depósito. Hacía un contralor de las armas que estaban allí". El policía estaba "hace pocos meses" en ese cargo, pero tiene más de 20 años de carrera, dijo su defensa.
La causa investigada por Iglesias fue una derivación de una que había concluido meses atrás con la condena de un policía por tráfico de armas y municiones, que en principio se sospechaba que operaba en beneficio de una banda que opera en Villa Española (el clan Albín), pero el fiscal no pudo comprobar esa hipótesis, aunque sí determinó que la maniobra de venta de armas estaba vinculada con otras organizaciones delictivas de Montevideo y con un grupo criminal de Colonia.
